Este jueves fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes secundarias en materia electoral o el llamado Plan B lo que significa que estas disposiciones entrarán en vigor a partir del viernes 3 de marzo, aunque sus disposiciones no serán aplicables para las elecciones de Coahuila y el Estado de México.
Entre estos cambios se encuentran a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Destacan las modificaciones más sustanciales destaca que la responsabilidad en el gasto de los recursos ya no recaerá en una sola persona o Secretaría Ejecutiva sino por un grupo integrado por 5 consejeros.
Ordena al INE a fusionar su estructura con la de los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) mediante un estatuto que deberá ser presentado a más tardar el 30 de julio de 2023.
Aunado a ello, el Plan B establece que los Organismos Públicos Locales Electorales tendrán que adecuar su funcionamiento para mantener “la estructura ocupacional mínima”. En este sentido, las reformas establecen que estos organismos no tendrán estructuras municipales o distritales permanentes y estas sólo podrán ser instaladas durante los procesos electorales con un máximo de tres consejeros electorales (o cinco, en casos extraordinarios que lo requieran).
La reformulación del concepto de propaganda gubernamental es otro de los asuntos que más cuestionamientos recibió el Plan B de Reforma Electoral, pues permite que las y los funcionarios se manifiesten “en uso de su libertad de expresión” y en el ejercicio de sus labores sin que sus pronunciamientos sean considerados propaganda.
En días recientes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) impuso una suspensión contra el Plan B, específicamente respecto a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, para evitar su aplicabilidad en las elecciones estatales de 2023.
