Aberrante la aprobación por unanimidad de integrantes del Congreso local para la modificación del párrafo al artículo cuarto constitucional que permite a los padres de familia decidir si sus hijos toman clases o no sobre educación sexual violentando sus derechos humanos, consideró la directora del Centro de Capacitación para el Desarrollo Comunitario (CECADEC) Marcela Martínez Roaro al indicar que las organizaciones civiles ya interpusieron una queja ante la CEDH para echarla abajo con la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que declaren inconstitucional dicho párrafo.
Con su aprobación se traslada la responsabilidad a los padres de decidir sobre los contenidos educativos, sobreponiéndose a la potestad del Estado sobre la educación. Es decir, que los padres pueden “bloquear” ciertos contenidos, en función de sus conceptos, o lo que ellos llaman ideología, moral y valores, situación que para la activista no va a prosperar debido a que los planes y programas de estudios se hacen desde la federación y los estados deben cumplirlos.
La especialista reclamó a los diputados que no se asesoren sobre los temas que se someten al pleno porque es una aberración desde la constitución y la Ley Federal de Salud que está segura les van a echar para atrás.
