La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la reforma a la Constitución de Baja California con la que se buscaba ampliar, de dos a cinco años, el mandato de Jaime Bonilla como gobernador de la entidad.
Las dirigencias del PRI y el PAN celebraron la decisión, mientras que Morena apuntó que acatará la decisión; en tanto, el Instituto Nacional Electoral (INE), consideró que la invalidación preserva la democracia en México. Durante la sesión pública del pleno del máximo tribunal del país, transmitida por videoconferencia, los ministros avalaron por unanimidad el proyecto elaborado por su compañero y decano, Fernando Franco González Salas, sobre la llamada Ley Bonilla.
Tras esta resolución de la SCJN, el gobierno del morenista en Baja California concluirá el próximo 31 de octubre de 2021. En su argumentación, Arturo Zaldívar, ministro presidente del máximo tribunal del país, enfatizó que todo el proceso para intentar extender el mandato de Bonilla, “un verdadero” y “gran” fraude a la Constitución”, así como “un efecto corruptor de rango constitucional”.
“Todas estas violaciones son muy graves y cada una de ellas, por sí misma, sería suficiente para declarar la invalidez de la reforma impugnada, pero apreciadas en su conjunto e interrelacionoadas, ponen de manifiesto un verdadero fraude a la Constitución, un efecto corruptor de rango constitucional: se llevó a cabo toda una maquinación, a través de la cual se pretendió burlar la voluntad popular, usando la Constitución para violar la Constitución, usando las herramientas de la democracia para violar democracia, corrompiendo de manera tajante el principio democrático”, expuso.
Respecto al actuar de la XXII Legislatura del Congreso de Baja California, la cual el año pasado reformó el artículo octavo transitorio de la Constitución del estado, a fin de permitir ampliar de dos a cinco años el mandato de Bonilla como gobernador, el ministro Zaldívar aseguró que dicho poder “fraguó, en realidad, un fraude a la Constitución”.
“Con el pretexto de usar su poder reformador de la Constitución y su competencia para decidir sobre su régimen interior, la legislatura local fraguó, en realidad, un fraude a la Constitución.
“El Congreso de Baja California alteró los resultados de un proceso electoral concluido, al decretar, por ley, que un gobernador electo por dos años ejercería el cargo pro cinco”, resaltó.
