El INEGI dio a conocer los resultados del impacto del Covid-19 en la actividad económica y el mercado laboral.
Se estima que más de la mitad de las empresas en el país realizaron paros técnicos o cierres temporales; el 93.2% de las empresas registraron al menos un tipo de afectación principalmente en la disminución de ingresos.
La encuesta revela que la mayoría priorizó el no despido del personal por sobre la reducción de remuneraciones y/o prestaciones con porcentajes de 19.1 y 15.4 respectivamente.
Sólo 7.8% obtuvo algún tipo de apoyo de los gobiernos (federal, estatal o municipal); por concepto de transferencia en efectivo (54.3%), aplazamiento de pagos a créditos (11.8%) y acceso a créditos nuevos (8.9 por ciento).
Quienes no recibieron apoyo, mencionaron como causa principal no haber tenido conocimiento, con 37.4 por ciento.
La entrega de pedidos a domicilio fue la acción operativa más instrumentada a nivel nacional (45.0%); seguida de promociones especiales (33.8%), el trabajo en casa (home office) (32.6%) y las ventas por Internet con (29.6%).
La mayoría considera que una de las políticas más necesarias para apoyarlas en esta pandemia es el aplazamiento de pagos por servicios (47.0%); la transferencia de efectivo (41.3%) y el acceso a créditos nuevos (41.0%) principalmente.
Al mes de abril se estimaron cerca de 33 millones de personas ocupadas, de las cuales 23.5% trabajó desde su casa, 30.3% no trabajó las horas habituales, 46.1% disminuyó su ingreso y 21.8% estuvieron ausentes temporalmente de su trabajo manteniendo un vínculo laboral.
En 30.4% de las viviendas algún integrante perdió su trabajo por la pandemia y en 65.1% de las viviendas sus ingresos disminuyeron durante la contingencia. De estas viviendas con disminución de ingresos, en 37.4% de ellas, sus integrantes tuvieron que vender algún bien, pedir dinero prestado o recurrir a sus ahorros.
