Aguascalientes se encuentra dentro de las entidades en donde lo beneficiarios fueron defraudados por despachos de cobranza en el 2012, así lo dio a conocer Octavio Romero Oropeza titular del INFONAVIT.
En conferencia mañanera el funcionario reveló que en 2012 a través de juicios masivos se afectaron a nivel nacional a 373 mil derechohabientes del Infonavit que fueron demandados de manera irregular, de los cuales el 67% perdieron su propiedad.
la estrategia de los juicios masivos consistió en que los despachos legales no notificaron a los acreditados; se incluyeron a personas que no tenían problemas de pago; y se demandó a las y los trabajadores en estados que no correspondían a su residencia, —principalmente en Coahuila, Jalisco, Nayarit, Baja California, la Ciudad de México y Morelos—, esto en perjuicio de 373 mil derechohabientes y sin que el Comité de auditoría ni en la Comisión de Vigilancia del Infonavit se realizara alguna acción en su defensa.
Como resultado de los 373 mil derechohabientes demandados, 249 mil perdieron su vivienda: 207 mil no han podido ser escrituradas a favor del Infonavit por irregularidades en el proceso y 42 mil fueron vendidas en subastas masivas. Además de que 22 mil 386 acreditados que fueron afectados por los juicios masivos, actualmente están al corriente en sus pagos.
Pese a las irregularidades de los despachos legales, Romero Oropeza precisó que el Infonavit les pagó durante ocho años, 29 mil 263 millones de pesos, entre los principales despachos involucrados en los juicios masivos se encuentran GABSSA, a la que se le pagó más de 2 mil mdp; así como ACSER, despacho que, a través de la gestión de un dirigente sindical del Infonavit, recibió un pago de 103 mdp para desalojar de manera corrupta e irregular a los trabajadores de sus viviendas.
En el caso de Aguascalientes, fueron 3 mil 665 las personas afectadas, de los cuales sólo el 2% fueron demandados en la misma entidad.
Ante esto, el director general del Infonavit informó que, por instrucciones de la Presidenta de México se resarcirá el daño a los derechohabientes que fueron afectados por el esquema de juicios masivos y además reiteró que se continuarán con las denuncias penales a los responsables de los despachos involucrados, así como a notarios y funcionarios del Poder Judicial de las entidades involucradas.
